Boletín 06/2022
ONU-DH México y la DDHQ acuerdan trabajo interinstitucional para la defensa, promoción y difusión de los Derechos Humanos Para coordinar esfuerzos conjuntos en la defensa, promoción y difusión de los Derechos Humanos en Querétaro, los equipos de la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, y de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) sostuvieron una reunión de trabajo. Lideradas por Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México de la ONU-DH, y el Ombudsperson Javier Rascado Pérez, presidente de la DDHQ, ambas instituciones dialogaron sobre las oportunidades de colaboración interinstitucional, el apoyo a proyectos académicos, el intercambio de experiencias, así como el acompañamiento de casos emblemáticos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos. Así mismo, se exploraron los temas en los que Querétaro tiene áreas de oportunidad importantes en términos de fortalecer el andamiaje institucional para la protección y defensa de los Derechos Humanos, como la equidad en igualdad de género, la inclusión de las comunidades LBGTI+, la defensa del medio ambiente, la atención a personas en contexto de migración y también a las personas y comunidades indígenas. Además, ambas oficinas documentan las inconformidades generadas en contra de la Ley que Regula los Servicios de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado en el Estado, aprobada el 19 de mayo de este año, así como los hechos ocurridos el 10 de junio, cuando se dio la detención de personas defensoras de derechos humanos, quienes se manifestaban en contra de la aprobación de esta ley. Finalmente, se acordó explorar la posibilidad de construir proyectos de colaboración que impliquen medir la incidencia directa tanto en instituciones públicas del estado como en las comunidades en las que aplican su función, esto para desarrollar mejores prácticas que puedan ser replicadas en otros estados e incluso, en otros países.
Boletín 05/2022
Análisis de la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro y que deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro” De acuerdo con el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad de presentar una acción de inconstitucionalidad contra leyes estatales por posibles violaciones a los derechos humanos, recae en diversos organismos, como lo son el Poder Ejecutivo Federal, a través de su Consejería Jurídica, las propias Legislaturas locales, con la firma del 33% de sus integrantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los órganos garantes locales de derechos humanos. En su carácter de órgano garante local de derechos humanos, esta Defensoría se aboca al análisis de toda ley estatal publicada, para revisar que sus ordenamientos no “vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte”. Todos los organismos facultados deben realizar este análisis para determinar si se debe ejercer o no la facultad. Ante la inconformidad social que provocó la publicación de la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro y que deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro”, y las diversas solicitudes de organismos de la sociedad civil y de particulares, este órgano garante intensificó la labor de análisis técnico jurídico de la ley en comento, y estableció una mesa de trabajo junto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De dichas reuniones de trabajo, los equipos jurídicos de ambos organismos conformaron un análisis constitucional y convencional, para determinar si dicho ordenamiento jurídico estatal presenta alguna contradicción, en términos de violación de los derechos humanos, con la Constitución y los tratados internacionales. Tras considerar el marco constitucional y convencional en la materia, así como las determinaciones previas realizadas por la CNDH, ambos organismos concluyen que no se detecta una violación a los Derechos Humanos que pudiera impulsar el inicio de un proceso judicial de garantías constitucionales. Es importante recalcar que, hasta el momento, ninguna de las cuatro instancias con esta facultad prevista en la Constitución la han ejercido. En un principio de transparencia y rendición de cuentas, y en la consideración de que el tema ha provocado una importante movilización social, se pone a disposición el análisis técnico jurídico en la página de internet de este organismo, así como en sus redes sociales oficiales, para su consulta. Este organismo constitucional autónomo tiene como función la más amplia y enérgica defensa de los derechos humanos consagrados en la Constitución federal y local, así como en los tratados internacionales signados por nuestro país, sin embargo, esta defensa está circunscrita también al respeto de la Constitución. Respetamos las diferencias y más las objeciones, pero estas tienen su cauce en los momentos de aplicación de la ley, en donde también esta Defensoría llevará a cabo la observancia y análisis de cada acto de aplicación. Finalmente, y tras la aceptación por parte de las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro de las medidas cautelares emitidas por esta Defensoría, se reitera el llamado a estas y todas las autoridades del estado de Querétaro a que garanticen y protejan el ejercicio de la libre manifestación de las ideas, haciendo énfasis en que la intervención de personal facultado para el uso legal de la fuerza pública siempre significará, aún si la actuación de estas instituciones fuese legal y legítima, que el diálogo político no ha logrado sus objetivos para la construcción de acuerdos.
Pronunciamiento 01/2022
Manifestaciones sociales en torno a la temática del agua La libertad de expresión y el ejercicio de la manifestación son la base fundamental de una sociedad democrática, por lo que todas las instituciones del Estado debemos adoptar como premisa fundamental el respeto a la libre manifestación de las ideas. En una sociedad democrática, lo normal es que existan diversas posiciones políticas, y lo que debemos de garantizar es la capacidad de dirimir esas diferencias, en la búsqueda de construir, a partir de todas las opiniones, de todas las posturas, una sociedad igualitaria y equitativa en la que el faro conductor sea el respeto y la protección a los derechos humanos. Las manifestaciones sociales del pasado viernes 10 de junio y sábado 11 de junio son una muestra de que Querétaro es una sociedad viva, con opiniones distintas que deben ser todas escuchadas y atendidas para darles cauce y solución. Ante este escenario, debemos agotar todas las instancias del diálogo social y político para garantizar que todas las voces sean escuchadas y todas las posturas sean atendidas. De acuerdo con la Observación General núm. 37 del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), relativa al derecho de reunión pacífica, “las fuerzas del orden pertinentes deberían trabajar en la medida de lo posible para establecer canales de comunicación y diálogo entre las diversas partes que participen en las reuniones, antes de su celebración y durante ella, con el fin de promover la preparación, reducir las tensiones y resolver las controversias”. Sin embargo, en caso de que sea necesario el uso de la fuerza, y de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos, esta “debe ajustarse a los principios fundamentales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación”. La respuesta del Estado a través de la intervención de instituciones dotadas del uso legal de la fuerza pública debe ser la última opción, y debemos asumir que su intervención siempre significará, aún si la actuación de estas instituciones fuese legal y legítima, que el diálogo político no ha logrado sus objetivos para la construcción de acuerdos. Con respecto a la intervención de elementos de Policía Estatal en la manifestación social del pasado 10 de junio, como ya se hizo público a través de los diversos medios de comunicación, tras atender y acompañar a las personas detenidas durante las primeras horas, está Defensoría ha abierto el expediente de queja 240/2022 con el que ya se conduce una investigación diligente y autónoma respecto a la actuación de las diversas autoridades involucradas para determinar si la intervención del personal dotado del uso legal de la fuerza pública se hizo con respeto a los principios fundamentales establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Como ha sucedido en ocasiones anteriores, esta Defensoría estudiará el caso a fondo y tendrá una determinación respecto a la responsabilidad de las autoridades involucradas en estos hechos. La temática del agua es sin duda una de las más relevantes a nivel mundial en torno a la discusión de los derechos humanos, y por supuesto que Querétaro no puede ser la excepción. Es un tema multifactorial que debe ser analizado de manera seria, empática y consciente, sobre cada una de sus vertientes. Actualmente, esta Defensoría se encuentra realizando un análisis técnico jurídico sobre los alcances de la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro y que deroga diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro, publicada en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” el pasado 21 de mayo de 2022, en uso de sus facultades dispuestas en el artículo 105, fracción segunda, inciso h de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si bien esta es una práctica estándar respecto a toda legislación publicada, en esta ocasión la relevancia del análisis que se conduce es mucho mayor, toda vez que se han recibido diversas solicitudes por parte de particulares y organismos de la sociedad civil, en las que se expresa la preocupación de que la ley en comento pudiera ser violatoria de los derechos humanos. Será a partir de la conclusión de dicho análisis técnico jurídico que se concluya si existen o no elementos violatorios de los derechos humanos. A pesar de estas acciones, es importante reconocer que la problemática del agua contiene otras vertientes que van más allá de la legislación en comento, y que se han manifestado en las movilizaciones sociales de las últimas horas, por lo que es importante que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, ofrezcan un espacio de diálogo para, en principio, reconocer todas y cada una de las vertientes de esta problemática, y con ello construir una ruta crítica para darles solución. Esta Defensoría ofrece su interlocución para construir un diálogo amplio e inclusivo, con todos los grupos y actores de la sociedad civil, y las autoridades necesarias para su atención, con el objetivo de trabajar para dar solución a los conflictos, y con ello resolver las controversias que se han suscitado, reducir las tensiones sociales y políticas y así evitar la consumación de un entorno propicio para situaciones que favorezcan la violación de derechos humanos.